REGION - La Pampa
Semanario REGION®
Del 16 al 22 de julio de 2004 - Año 14 - Nº 669
R.N.P.I. Nº 287.347


Editorial del "Diario del Viajero" Nº 899
La libertad que se juega

El reciente fallo de un Juez del departamento judicial de Mar del Plata sobre la obligación de que los casinos de esa zona tengan una advertencia a sus clientes, en la cual conste el peligro, y por lo tanto el riesgo, de la adicción al juego, nos permite rememorar algunos artículos que hemos publicado sobre el tema.

Así como las tabacaleras tienen la obligación de señalar que el fumar daña la salud, también quienes explotan el juego deben hacer mención del daño potencial de esa actividad.

Carlos Besanson

 

TIMBAS TELEFONICAS

Publicado el 21 de octubre de 1998, DV nº599

El ser humano esconde sus inseguridades y falencias detrás de esquemas y artilugios. La suerte y la mala suerte simbolizan, falsamente, la razón de ser de los absurdos y contradicciones de las conductas humanas, de sus consecuencias, y por lo tanto de parte de los avatares de la vida. Es así que el juego se convierte en la gran opción de quienes no confían plenamente en su preparación intelectual, ni en su capacitación laboral, ni en su equilibrio espiritual y sentimental.

En el fondo de su ser, todo jugador es una persona insegura, tan es así que generalmente conlleva, con su fuerte adicción, un basamento apoyado en gestos y símbolos supersticiosos. Eso es apreciado fácilmente por todos aquellos que hemos observado, de cerca, a quienes hacen del juego una vía de escape... a ninguna parte.

El juego oficial, es decir aquél que está pseudoadministrado por el Estado, o reglamentado por el mismo, es una opción que se presenta como un servicio a la sociedad, para neutralizar el llamado juego clandestino. Ese juego legalizado es constantemente promovido por campañas de marketing y publicidad que alientan las cortas expectativas y esperanzas de los adictos. De igual manera, para evitar críticas y remordimientos sociales, se dice que un porcentaje de lo recaudado está destinado a obras de bien. Estos aportes contrarrestan en forma minúscula el empobrecimiento que genera en la sociedad y en sus componentes, el desgaste económico, y los permanentes conflictos, familiares y ambientales, que el juego produce

Con respecto al juego clandestino, quienes disponemos de memoria sabemos que nunca lo fue. Desde las carreras cuadreras, en donde ganaba, cuando corría, el caballo del comisario, hasta los levantadores y capitalistas de juego, todos eran conocidos por los clientes y por quienes tenían la obligación de hacer cumplir la ley.

Pero la tecnología ha generado variantes novedosas para incrementar y facilitar el acceso al juego. Es que los adelantos científicos y técnicos son instrumentos que pueden ser mal usados, desde el punto de vista ético y moral. La creación de casinos en hoteles con marcas reconocidas en sus denominaciones, o el desarrollo de bingos barriales, alternan con casas de lotería o prode, que buscan estar próximos a sus potenciales clientes.

Pero el afán de incentivar el espíritu en la búsqueda fugaz de lo aleatorio, ha logrado poner la electrónica al servicio de una nueva forma de recaudar, llevando el garito a domicilio. La combinación de medios televisivos con la telefonía digital amplió la participación de adeptos, y la malformación en nuevos iniciados.

Resulta alentador que en Estados Unidos una enorme cantidad de personas, que han fumado, reclamen importantes indemnizaciones a las firmas tabacaleras por los perjuicios sufridos en materia de salud. Pero considero que ese mismo criterio jurídico, es aplicable también a todos aquellos que explotan empresariamente la debilidad ajena, perjudicando su calidad de vida, que no está referida solamente a su salud, sino también a su tranquilidad y la de su familia. Nadie puede defender, con argumentos válidos, la adicción al juego como un hecho positivo para el entorno social. Todo lo que es promoción del mismo, finalmente estropea a los individuos y a sus familias, aunque la banca ceda algún porcentaje ¡para obras de bien!

Los organismos del Estado que deberían controlar a los concesionarios de frecuencias y de redes de comunicación, soslayan la función de protección del bien común del usuario. Parecería que, mientras se discute cómo debe ser la educación de nuestros niños y jóvenes, se les ofrece la oportunidad de enviciarse por otros canales distintos. Es que ciertos funcionarios están apostando a que todo está bien, mientras se juegan los destinos de una comunidad ciudadana, de una manera tal, que puede no tener retorno.

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